Fecode exige la implementación de condiciones previas y verificables, para privilegiar la vida de las comunidades educativas
La defensa de la educación pública estatal y la dignificación de la profesión docente, constituyen el eje central del accionar de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE-, aún más en las actuales circunstancias donde enfrentamos no solo la pandemia del covid-19 , sino, una arremetida y una ofensiva frontal sin precedentes de la epidemia neoliberal, direccionada a través de la clase que actualmente ostenta el poder, la misma que aprovecha la emergencia sanitaria para degradar las condiciones laborales y violentar los derechos del pueblo colombiano.
El Coronavirus continúa su marcha inexorable de contagio, fallecimientos y dolor, simultáneamente, se denota el grado de improvisación para enfrentarlo, adicionalmente algunos sectores sociales obligados por las circunstancias de pobreza y hambruna salieron al rebusque ante la poca o nula ayuda solidaria y como si fuera poco el Gobierno Nacional maniobro con sus estrategias para hundir el proyecto de la renta mínima básica, propuesto para atender estas contingencias.
En el área de educación, la situación es bastante compleja, muchos compañeros docentes, padres de familia, estudiantes, personal administrativo, servicios generales y de vigilancia viven nuevas incertidumbres, incrementadas por las declaraciones y normas expedidas por el MEN, varios mandatarios locales y Secretarías de Educación presionan y tensionan en torno al tema de implementar la medida de la presencialidad bajo la modalidad de la “Alternancia”, subvalorando la vida, la salud, la educación, el trabajo en condiciones dignas y la protección especial con que cuenta la niñez y la juventud, como derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, llamamos a no chantajear, constreñir, ni amenazar con apertura de procesos disciplinarios y descuentos de salarios a quienes no se acojan a la alternancia.
Se deben asignar más recursos para la educación pública, resolver las brechas acumuladas, la accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas y educación rural, en lo inmediato y en corto plazo incrementar el per cápita transferido por cada niño y joven matriculados , ratificamos la solicitud presentada meses atrás de destinar 650 mil millones de pesos, adicionales para el presupuesto del año 2021, proponemos que los recursos de gratuidad se transfieran en su totalidad durante los primeros meses de la vigencia fiscal que se avecina para financiar y solventar las condiciones previas exigibles.
La evolución de la pandemia en Colombia con relación al resto del mundo, muestra que a noviembre 19 ocupamos el quinto lugar en casos por millón de personas, con 24.810, luego de Estados Unidos (35,810), Argentina (30,028), Brasil (28,304) , Chile (28.053). Al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid y las principales ciudades de América latina encontramos que ocupa el quinto lugar a nivel universal.
Los maestros y la escuela en la presencialidad somos irremplazables, la salida a lo inmediato la debe dar el Gobierno en la vía de otorgar los presupuestos para implementar la totalidad de las condiciones previas. Hasta tanto se materialice la Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP-, para lo cual se requiere la más amplia y contundente movilización social del magisterio y las comunidades. Los mandatarios tienen la oportunidad para demostrar su voluntad y decisión implementando políticas sociales y de inversión en los cuatro pilares fundamentales: salud, agua potable, saneamiento básico y educación, por consiguiente, deben desistir y orientar que los proyectos e iniciativas legislativas radicadas en el Congreso de la Republica que deterioran las condiciones de vida de los connacionales sean retirados y archivados.
Tenemos la obligación constitucional de proteger la vida de las comunidades, en consecuencia, exigimos condiciones y todas las garantías dignas, previas y verificables, por los órganos del gobierno escolar, al amparo de la autonomía institucional.
Se requiere realizar un diagnóstico urgente de cada institución y sobre el terreno, aplicar instrumentos similares, concertados y unificados que nos permitan revelar con que se cuente y que se requiere, para el regreso, la labor docente y los procesos educativos presenciales.
Apelamos al sustento político-jurídico del Estado Social de Derecho y la primacía de la Constitución por encima de la ley, que no pueden ser desconocidos, así como las realidades institucionales las nuevas necesidades, contextos y escenarios que emergen en el espectro de la pandemia y que advierten la necesidad de implementar las siguientes condiciones previas.
• Adecuar y adaptar las plantas físicas, con inversiones nuevas en infraestructura y dotación.
• Ampliar la planta de personal docente, de apoyo y orientadores escolares, disminuir el parámetro de relación estudiante- maestro (a) con la finalidad de lograr el distanciamiento físico, mejorar los ambientes de enseñanza – aprendizaje y disminuir el hacinamiento.
• Aumentar los recursos para el PAE y transporte escolar.
• Respetar por la jornada laboral, adecuarla y organizarla de conformidad al número de alumnos, tiempos, periodos, grupos, cursos, áreas y días.
• Adecuar un nuevo calendario escolar, contenidos curriculares y horarios
• Articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar, asunto clave para proteger y preservar la vida de todos los estamentos educativos, adelantar reuniones previas con la comunidad médica y científica, aplicación de pruebas covid-19 para estudiantes, docentes y administrativos, disponer de médica permanente, monitoreo diario del estado de salud con el registro nominal en formato establecido, detectar y hacer seguimiento a personas asintomáticas.
• Garantizar la internet como derecho público universal, democratizar el acceso gratuito a la conectividad, ejecutar inversiones cuantiosas para convertirla en un medio de fácil acceso, la educación en la virtualidad se constituye en una herramienta de apoyo didáctico – pedagógico en el proceso educativo, pero nunca podrá suplantar la presencialidad.
• Proveer los componentes de bioseguridad y conexiones como agua potable, baterías sanitarias, instalar lavamanos y suministrar jabón líquido antibacterial, proporcional al universo poblacional que asiste en cada jornada.
• Ampliar la planta de funcionarios de servicios generales encargados de fumigación, asepsia y desinfección varias veces al día de los salones, sanitarios, tableros, escritorios, pupitres,
interruptores de la energía, puertas, manijas, computadores, material didáctico, laboratorios y otros sitios e instrumentos utilizados durante la actividad escolar y la aplicación de medidas de prevención en la desinfección de ropa, zapatos y demás objetos usados por todas las personas que ingresaron a la Institución.
• Designar los equipos de las Secretarías de Salud del Ente Territorial, responsables de aplicar el testeo a todas las personas al momento del ingreso a los espacios escolares. El -MEN- y las autoridades territoriales, deben garantizar la dotación de tapabocas, máscaras, guantes, geles u otras sustancias desinfectantes y termómetros como se requieran en correspondencia con el número de personas que laboren.
• Atender las orientaciones, recomendaciones y conceptos, de la OMS, organismos de salud y comunidad científica, como uno de los criterios para tomar la determinación de retornar a la presencialidad.
La política de la Alternancia muestra su carácter neoliberal, ordena, “Registrar y cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”, mediante la Resolución No. 666 y la Directiva No. 17 expedida por el MEN en el presente año, donde definen el mecanismo de concurrencia, se asignan pírricos presupuestos, de tal manera que obligan a los Entes Territoriales y los planteles educativos a resolver con sus propios recursos los nuevos requerimientos y necesidades, distribuye de manera insuficiente los dineros incluyendo a los colegios en concesiones, los asigna según el total de estudiantes matriculados, diferenciado el per cápita, según sea Institución Educativa urbana o rural. Asigna a los directivos docentes el papel de gerentes,
Durante la pandemia se han establecido, prácticas de acoso laboral definidas en la Ley 1010 de 2006 como toda conducta persistente, demostrable, ejercida y encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo, observables en el maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral.
Es notable el desinterés del Gobierno Nacional, para intervenir sobre los precarios contratos de salud que dejan por fuera la prevención y el acompañamiento en la implementación del sistema de gestión y salud en el trabajo, SGSST, ahora reducidos a unos pocos eventos y actividades, el -MEN- es el responsable directo de garantizar el derecho a la “Salud Integral” del magisterio y sus familias, por lo mismo, debemos estar incluidos dentro de la atención de la canasta Covid y esta afectación debe ser reconocida como enfermedad profesional.
Nos preocupa el deterioro de las condiciones de salud, los abusos, el mal trato físico, los duelos, de los estudiantes y sus familias, derivados del encierro y el asilamiento obligatorio, el restablecimiento de la salud mental y social no puede ser trasladado única y exclusivamente a las instituciones educativas y suponer que vayan a desaparecer por obra y gracia del regreso a clases, se deben activar otras líneas de intervención, redes de cuidado y acompañamiento de un equipo inter disciplinario, interinstitucional, que incluir a las Secretarías de Salud, comisarías de familias, policía de infancia y adolescencia y Fiscalía General de la Nación, para brindar atención integral a los menores de edad afectados por el confinamiento.
No se trata de quien gana el pulso si FECODE o el Gobierno o quien tiene mayor favorabilidad ante la opinión pública en el tema de la Alternancia, la disputa está en contraponer la defensa de la vida frente a la imposición de la cultura de la muerte ( necro política) y en el cómo se atiende a la población vulnerable someida al abandono permanente ya una desprotección creciente, con sus necesidades primarias y básicas insatisfechas, toda vez que se privilegia el mercado, el sector financiero y la gran industria.
Las maestras y maestros del país manifestamos públicamente, que el derecho a la educación lo hemos garantizado de manera continua, con nuestros recursos y desde nuestros espacios habitacionales, fieles a nuestras responsabilidades y vocación con los niños y jóvenes, jamás nos negaremos a asumir nuestro compromiso pedagógico, humano y ético de educar y de dignificar la profesión docente; regresaremos al aula regular, siempre y cuando se cumplan las demandas exigidas, pero si las escuelas y colegios continúan en el mismo o peor estado de marzo y no han tenido las inversiones, adecuaciones y adaptaciones que exigen los protocolos, seguiremos con la modalidad implementada de “Educación en casa”.
Insistentemente la Federación, le ha propuesto al MEN, adelantar una mesa nacional de diálogo político y pedagógico para definir las condiciones integrales en materia de aplicación de los protocolos de salubridad y / o de bioseguridad que a la fecha están lejos de cumplirse, se debe escuchar y tomar en cuenta otras posturas, definiciones y voces, antes de exponer la vida de los estudiantes y sus familias.
Continuaremos concientizando a las comunidades y exigiendo al Gobierno Nacional la concreción de las condiciones previas necesarias para un regreso a clases presenciales, defendiendo la vida como bien supremo y la educación pública como derecho fundamental, llamamos al magisterio a mantenerse en estado de alerta ya estar atento a las orientaciones, convocatorias y acciones de movilización social, que se pueden programar para, defender los derechos de los educadores, los del pueblo colombiano, el cumplimiento y la materialización de los acuerdos pactados.